Es un modelo de organización política en el que todos los poderes públicos, instituciones y ciudadanos están sometidos al imperio de la ley. Supone que el ejercicio del poder se encuentra limitado por normas jurídicas previamente establecidas, lo que garantiza la legalidad, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En un Estado de derecho, las autoridades solo pueden actuar conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico, y los ciudadanos cuentan con mecanismos judiciales para hacer valer sus Derechos.
El Estado crea el Derecho, pero al hacerlo queda él mismo limitado por las normas que produce y subornado a ellas.
Este principio es esencial para el funcionamiento del Derecho objetivo en sociedades democráticas y modernas.